Una dramática historia ha consternado a la opinión pública y exhibido una cruel arista de las actuales políticas de parte del gobierno federal en materia de inmigración.
Sara Beltrán Hernández es una indocumentada originaria de El Salvador que, desde noviembre de 2015, fue arrestada en Texas por haber entrado al país sin los documentos apropiados y desde entonces se encontraba recluida en el Centro de Detención de Prairieland, en Alvarado, Texas.
Ella tiene familiares en el área de Nueva York que han estado luchando legalmente, aún de modo infructuoso, para que se le conceda asilo y pueda ser liberada y residir legalmente en el país.
Pero, como relata el periódico NY Daily News, Beltrán Hernández, de 26 años, comenzó hace algunos día a padecer severos dolores de cabeza, sangrado nasal y pérdida de memoria, al grado que la semana pasada sufrió un colapso y tuvo que ser llevada al Hospital Huguley en el área de Fort Worth.
Allí, los médicos diagnosticaron que ella tenía un tumor cerebral y que necesitaba ser sometida a una cirugía de modo imperativo.
Pero, súbitamente, como relata la televisora local WFAA, agentes de inmigración se llevaron el pasado miércoles 22 de febrero a Beltrán Hernández del hospital y la devolvieron al centro de detención. Su abogado, Chris Hamilton, denunció que pasó toda la noche tratando de tener acceso a su cliente y que las autoridades de ese lugar, que es operado por una empresa privada, no le permitieron ver a Beltrán Hérnandez. Hamilton dijo que eso violaba el derecho constitucional de la mujer a ser asistida por un abogado y que la situación podría poner en riesgo la vida de la detenida.
Hamilton indicó que abogados en Nueva York y Amnistía Internacional estarían involucrados en apoyar el caso de Beltrán Hernández.
Según el Daily News, la vocera de la familia de Beltrán Hernández, Melissa Zúñiga, dijo que la mujer fue sacada del hospital en una silla de ruedas, pero atada de pies y tobillos, y no se le estaría dando el tratamiento necesario dado el padecimiento que sufre. Y posibilidad de someterla a cirugía –al parecer Beltrán Hernández había ya sido colocada en una lista de espera en el hospital– está ahora en completa incertidumbre.
Horas después, Beltrán Hernández pudo llamar a sus familiares desde el centro de detención y las autoridades de Inmigración y Aduanas (ICE) indicaron que ella fue devuelta a ese lugar luego de que el hospital la “dio de alta” el pasado miércoles. Un comunicado de ICE indica que, aunque detenida, Beltrán Hernández seguirá teniendo “acceso a cuidado médico de emergencia las 24 horas y a cualquier tratamiento especializado que se requiera en una instalación externa”.
Pero no hay claridad sobre cuándo ella podrá volver al hospital para someterse a la urgente cirugía que necesita y tampoco si su caso de asilo, que lleva activo ya más de un año, podrá resolverse a su favor.
El espectro de ser deportada o de no recibir atención médica apropiada para encarar el tumor cerebral que la aqueja pesa severamente sobre ella, pues de acuerdo a The Huffington Post, los detalles de su expediente médico no han sido puestos a disposición de los familiares y defensores de Beltrán Hernández.
Por añadidura, como señalan fuentes de ICE citadas por AP y la televisora ABC, las autoridades indicaron que el procedimiento para que familiares visiten a una persona detenida por ICE que fue hospitalizada implica una autorización previa por parte de esa agencia y del consulado del país de origen de la persona. Al parecer, el consulado salvadoreño ya se ha comunicado con la familia.
Pero, como señala el Huffington Post, hay temor entre los familiares de la mujer –en especial de su madre y su padrastro– ante la posibilidad de ser detenidos si se presentan en el centro de detención, y por ello necesitan contar con un permiso especial. Y hay miedo también por la suerte de los hijos de Beltrán Hernández que se encuentran en El Salvador, quienes han expresado su deseo de ver a su madre ante el riesgo de que pueda fallecer por el temor cerebral.
Los detalles del proceso de asilo de la mujer no se han hecho públicos (aunque se han mencionado como razones para ello que fue víctima de amenazas y violencia doméstica), pero cabría realizar una moción para que, por razones humanitarias, se concediera a Beltrán Hernández la libertad y la posibilidad de permanecer en el país, a fin de que pueda enfrentar su grave enfermedad y luchar por salvar su vida en compañía de sus familiares.
Pero no es claro si las autoridades serán receptivas a ese clamor humano ni tampoco cuándo Beltrán Hernández será, en su caso, sometida a la cirugía que necesita. El tiempo, el tumor y la actual rudeza oficial en inmigración corren dramáticamente en su contra.
